Falta de implementación del seguro obligatorio de accidentes acuáticos

A cuántos de nosotros nos ha tocado visitar el Santuario de Copacabana y poner nuestras vidas en manos de balseros y lancheros improvisados sin ningún tipo de medida de seguridad, inclusive con vehículos cargados de gente y con un precario control de parte de la Naval destacada en el estrecho de Tiquina.

¿Alguien se ha preguntado, antes de utilizar estos servicios (no hay de otra) si estos vehículos acuáticos cuentan con algún tipo de seguro? ¿Alguien se preguntó quién corrió con gastos e indemnizaciones de cientos de naufragios ocurridos en ese lugar por la falta de pericia o el estado lamentable de esas embarcaciones? ¿Qué hace el Gobierno al respecto? Específicamente, ¿qué hizo el ministerio del ramo para implementar el Seguro de Accidentes Acuáticos equivalente a su par, el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito? Pues cabe decirle al amable lector que el Seguro Obligatorio de Accidentes Acuáticos ha sido instituido por la Ley General de Transportes el año 2011; sin embargo, el Ejecutivo, es decir el Gobierno, a la fecha aún no reglamentó esta Ley, razón por la cual desde hace más de diez años dicho seguro no puede ser implementado, dejando a todos nosotros como usuarios en total desprotección frente a los abusos de un grupo de sindicatos del estrecho de Tiquina, que día a día juegan con la vida de miles de usuarios, ello sumado al hecho de la sistemática oposición de comunarios del lugar para que se construya un puente entre ambas poblaciones. Entonces, ¿qué función cumplen nuestras autoridades?

Resulta lamentable que la negligencia de autoridades y la ambición e ignorancia de pobladores del lugar puedan imponerse frente al derecho de nosotros, como usuarios, que somos una gran mayoría, de ser trasladados en condiciones de seguridad y en su caso ser resarcidos frente a cualquier siniestro o evento, aunque la vida no tiene precio. Es muy probable que debido a la inescrupulosa visión de un grupo de transportistas del estrecho de Tiquina y al incumplimiento de deberes de nuestras autoridades seguiremos conociendo de más naufragios a manos de estos piratas del transporte, secundados por el Estado como veedor impasible de estas arbitrariedades que ocurren por falta de normas y leyes que debieron ser emitidas hace diez años.

Instamos a nuestras autoridades centrales y departamentales a coordinar esfuerzos para dar soluciones a estas sentidas necesidades que no tienen ningún afán económico y menos político, sino solamente el afán de proteger la vida de cualquiera de nosotros y nuestras familias que por lo menos una vez al año debemos cruzar el estrecho de Tiquina con el Jesús en la boca y en embarcaciones sin las más mínimas condiciones de seguridad y, ahora que lo saben, sin ningún tipo de seguro gracias a la negligencia y conformidad de nuestras autoridades.